El actual gobierno presumió, el 25 de octubre de 2023, que México es la economía número 11 del mundo; pero, en realidad, somos la 13. Y lo hizo como si ese número, por sí solo, reflejara la salud y el bienestar de la población.
Mis 34 años en el activismo ambiental me permiten afirmar que los mexicanos no vivimos en un ambiente sano, al que tenemos derecho, como lo exige el artículo 4 constitucional. La regulación ambiental de nuestro país se inició con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en marzo de 1988, y con sus órganos desconcentrados (Profepa, Conagua, Conafor, Conanp, Imta, Inecc y Asea), no ha podido detener la depredación ambiental.
En ella se omite mencionar la salud de los mexicanos, afectada por contaminación del suelo, agua, aire y alimentos.
Las cifras que el Inegi reportó, el 1 de diciembre de 2023, sobre los costos totales de agotamiento y degradación ambiental de 2022, fueron: por contaminación atmosférica, ahora “emisiones al aire” de 738,950.1 MDP (2.5 % del PIB), sin considerar las 29 mil muertes prematuras anuales que reporta la Organización Mundial de la Salud. Por “degradación del suelo” reportó 154,154.9 MDP (0.5 % del PIB), por “residuos sólidos urbanos”, 113,632.4 MDP (0.4 % del PIB) y por “aguas residuales no tratadas”, 62,298.8 MDP (0.2 % del PIB). Ello nos lleva a una gigantesca cifra de 1.069 billones de pesos, en 2022.
Este es el resultado de la suma de analfabetismo ambiental/climático y falta de voluntad de nuestros gobernantes, que se combina con el miserable presupuesto federal autorizado para todo el sector ambiental de 70,245 MDP, para 2024, contra 3.28 billones de pesos para 2023, 2024, 2025 y 2026, equivalentes a 820,000 MDP/año que destinó Alemania para su protección ambiental.