Carlos Ramírez

Expedientes del poder

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Narco y soberanía

Cualquiera que sea el desenlace del caso de Rubén Rocha Moya, gobernador sinaloense con licencia (su entrega o el secuestro como Nicolás Maduro), el problema de fondo radica en que el Gobierno Federal de la 4T parece decidido a evitar su extradición, aunque el arresto a mediados de mayo era inminente.

Pero el asunto rebasa a los acusados y tampoco se trata de envolvernos en la bandera nacional para negar el arresto con fines de extradición del indiciado. El tema central radica en el hecho de que se conocen evidencias sobradas sobre la influencia política del Cártel del Chapo y del Mayo en Sinaloa.

Los recordatorios han revelado evidencias en el sentido de que sí hubo intervención política del grupo delictivo en Sinaloa. Y que se publicaron en su momento, se revelaron en medios de comunicación y se hicieron advertencias de que se está acumulando un problema.

En consecuencia, la solicitud de arresto con fines de extradición por parte de un Gran Jurado de una corte de Nueva York involucra -y hay que decirlo con todas sus palabras- la irresponsabilidad de Morena para no haber atendido el problema a tiempo.

La soberanía de la República está en debate si uno o varios grupos delictivos controlan las estructuras institucionales, económicas y políticas en un determinado territorio. Y ahí está la secuela del problema: Sinaloa es apenas la punta del iceberg del poder criminal convertido en poder político e institucional.

Las evidencias estaban a la vista: narcopoder en cuando menos la mitad de los estados del territorio nacional. Y de nueva cuenta no será fácil combatirlos si antes no existe un replanteamiento del Gobierno Federal en turno -hoy Morena, como antes fueron el PRI, el PAN y hasta el PRD en ámbitos municipales-. El Estado como hegemonía de la fuerza y de los intereses sociales está fallando en México.

Rocha Moya es una oportunidad que Morena debe aprovechar o pagará las consecuencias de proteger a un político acusado en símbolo de la soberanía.