
A pesar de que el sistema electoral ideado por la alianza estratégica PRI-PAN en el largo periodo 1990-2014 tenía muchas fugas de funcionalidad, la reforma electoral dejada como tarea por el presidente López Obrador a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo es sinónimo de crisis poselectoral.
Aunque quieran vendernos la idea de que la estructura electoral del IFE/INE tenía muchas medallitas internacionales, en los hechos se trató de un modelo de organizar elecciones para los aliados del régimen priista, pero no para los adversarios cardenistas-lopezobradoristas.
El problema de las casi una docena de reformas electorales que ha tenido México radica en que se han conseguido desde el poder priista y prianista. Además, han hecho proliferar partidos y jalaron a la oposición más a la institucionalidad que a la configuración de una autoridad imparcial para organizar las elecciones y contar los votos.
La propuesta de reforma electoral AMLO-Sheinbaum-Morena no busca instaurar una estructura realmente democrática de respeto al voto, sino regresar al viejo modelo de beneficio del partido en el poder y convertir a Morena en el nuevo PRI para perpetuarse en el poder quizá los mismos 71 años o hasta más.
Sin que sea una garantía de democracia real, la estructura electoral actual responde a los intereses del partido mayoritario en turno y el servicio civil de carrera del INE sólo sirvió para incrustar en este instituto a funcionarios con pensamiento antipopulista, es decir, antilopezobradorista, y ahora el lopezobradorismo quiere que los funcionarios del IFE sean exclusivamente una calca de los Servidores de la Nación que andan por todo el país desparramando becas y pidiendo el apoyo al régimen morenista.
Haya o no reforma electoral lopezobradorista, ya va siendo hora de que se tenga algún cuerpo plural de mexicanos capaz de construir una estructura organizadora de elecciones para la democracia y no para el partido dominante en turno. No habrá transición real a la democracia sin un aparato electoral ajeno a los partidos.